El Poder Judicial de Perú ha dictado cinco meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez, tras su implicación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Esta decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien revocó la medida de comparecencia con restricciones que había sido impuesta anteriormente a la acusada. El juez Checkley ordenó que se emitan oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional, tanto a la Policía Nacional del Perú (PNP) como a Interpol. La revocación de la comparecencia se debió a que Chávez incumplió las reglas de conducta, al no asistir a los controles biométricos y a las citaciones judiciales. En el documento se señala: “Resulta evidente que la acusada Chávez Chino incumplió con las restricciones impuestas de control biométrico cada siete días”. Además, el magistrado destacó que Betssy Chávez “habría aprovechado” su libertad, otorgada por el Tribunal Constitucional, para asilarse en la Embajada de México en Perú. Checkley advirtió sobre el “peligro de fuga” y el riesgo de que se frustrara el juicio oral, lo que justificó la medida de prisión preventiva. Desde el inicio de la investigación, la Corte Suprema había alertado sobre el riesgo de fuga y obstaculización por parte de Chávez. Se mencionó que, tras el golpe de Estado, intentó dirigirse a la Embajada de México, ordenó la extracción de equipos de la PCM y ocultó su celular. En otro ámbito, el Pleno del Congreso no logró los 68 votos necesarios para inhabilitar a Betssy Chávez por diez años debido a su participación en el golpe de Estado. La votación resultó en 63 a favor, 20 en contra y 4 abstenciones, lo que impide su exclusión de las elecciones de 2026 por el momento. Sin embargo, algunos congresistas han presentado solicitudes de reconsideración para repetir la votación. El futuro de Chávez sigue incierto, ya que la fecha para el nuevo debate aún no ha sido definida. Mientras tanto, el gobierno peruano ha decidido aplazar la decisión sobre el salvoconducto para la ex primera ministra, quien permanece asilada en la Embajada de México en Lima. El ministro de Asuntos Exteriores, Hugo de Zela, anunció que se solicitará orientación a la Organización de Estados Americanos (OEA) antes de tomar una decisión final. Este caso será presentado en la sede de la OEA en Washington a principios de diciembre, buscando respaldo regional. El Ejecutivo peruano ha expresado su preocupación por lo que considera un uso indebido del derecho de asilo, enfatizando que la Convención de Caracas de 1954 “no debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales.” La situación de Betssy Chávez continúa siendo un tema de gran relevancia en el contexto político peruano, con implicaciones que podrían afectar su futuro y el desarrollo del proceso judicial en su contra.