La Subdelegación del Gobierno ha empezado a notificar multas de 601 euros a varias personas que participaron el pasado 10 de abril en la protesta convocada en Juan XXIII para tratar de frenar el desahucio de una pareja en situación de vulnerabilidad. Las sanciones se basan en un informe de la Policía Nacional que atribuye a los activistas haber impedido el acceso al portal donde la comisión judicial debía ejecutar el lanzamiento. El Sindicat de Vivenda de Carolines, organizador de aquella concentración, denuncia una “campaña de criminalización” contra el movimiento por la vivienda en Alicante, mientras que Esquerra Unida Podem reclama el archivo inmediato de los expedientes.

Según el acuerdo sancionador, los agentes acudieron al pasaje de San Juan de la Cruz tras ser reclamados po

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