En medio del escándalo de corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), emerge una red empresarial que, según las investigaciones de la Fiscalía, se benefició directamente de un esquema de desvío de fondos públicos destinados a la compra de medicamentos e insumos médicos. La operación se llevó a cabo a través de un mecanismo de “compulsas reducidas”, que limitaba la competencia a un pequeño grupo de empresas seleccionadas que, de manera sistemática, se aseguraban adjudicaciones millonarias en el marco de un sistema de cartelización. Entre julio de 2024 y agosto de 2025, esta estructura canalizó más de $30.337 millones en contratos de medicamentos.

El cártel de las droguerías

El núcleo de la operatoria se centraba en un grupo reducido de droguerías que monopolizaban

See Full Page