La Fiscalía Regional de Aysén ha solicitado al Juzgado de Garantía de Coyhaique la fijación de una audiencia de formalización contra el diputado Miguel Ángel Calisto. Esta solicitud se produce tras la confirmación del desafuero por parte de la Corte Suprema, que previamente había sido decretado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

La investigación se centra en un presunto fraude al fisco, según lo estipulado en el artículo 239, inciso tercero, del Código Penal. Los hechos que se investigan habrían tenido lugar entre 2018 y 2022, y también involucran a otros tres colaboradores de Calisto: Roland Cárcamo Catalán, Carla Graff Toledo y Felipe Klein Vidal. Todos ellos son considerados autores en esta causa.

El Ministerio Público ha indicado que la inocencia o culpabilidad de los imputados será determinada por los tribunales competentes. La indagatoria está siendo llevada a cabo por la Fiscalía Local de Coyhaique. La audiencia de formalización será programada por el Juzgado de Garantía y se llevará a cabo en la capital regional.

La decisión de avanzar en la formalización se produce tras una votación dividida en la Corte Suprema, que rechazó la apelación presentada por Calisto para revertir su desafuero. La investigación sugiere un posible desvío de asignaciones parlamentarias para fines no autorizados, lo que, según la querella del Consejo de Defensa del Estado, habría causado un perjuicio fiscal superior a los 100 millones de pesos.

Tras la resolución del máximo tribunal, Calisto expresó que se siente "tranquilo" y destacó que el Servel ha ratificado su candidatura al Senado por un cupo de la Federación Regionalista Verde Social. Con este caso, Calisto se convierte en el quinto parlamentario en enfrentar un desafuero en los últimos años, junto a otros como Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar, Catalina Pérez y Sergio Bobadilla.