Organizaciones y colectivos calificaron como un “grave retroceso” a los derechos humanos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que rechazó recuperar el presupuesto mínimo destinado para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos en el país, el cual fue eliminado por el Congreso luego de la aprobación de una reforma en 2020.

La controversia surgió a raíz de que el máximo tribunal determinó reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas consideradas regresivas a la Ley de Víctimas y resolvió que es constitucional el cambio por el que se elimina el porcentaje obligatorio de presupuesto asignado a medidas de ayuda, asistencia y reparación.

En ese sentido, en un comunicado conjunto con más

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