La Corte de Apelaciones de Santiago ha decidido mantener la prisión preventiva para los imputados en el caso conocido como "Muñeca Bielorrusa". Los abogados Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos seguirán recluidos en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Esta decisión se produce tras el rechazo de los recursos de apelación presentados por las defensas de los acusados.

Los tres imputados enfrentan serias acusaciones que incluyen cohecho, soborno y lavado de activos. Durante la audiencia, las defensas argumentaron en contra de la medida cautelar, centrándose en aspectos procesales y técnicos de la formalización. El abogado José Luis Andrés, defensor de Eduardo Lagos, criticó la resolución inicial de la jueza, afirmando que el "fantasma de la corrupción" en el Poder Judicial ha dejado de ser un concepto abstracto. "La magistrada lo que hace es crucificar a mi representado ante todo el país", expresó Andrés, quien también subrayó que no se puede utilizar a una persona como medio para resolver problemas de política pública.

En un desarrollo paralelo, el exdiputado Gabriel Silber, quien fue socio de Vargas y Lagos en su estudio de abogados, ha declarado ante el Ministerio Público. Silber se ha desvinculado completamente de sus exsocios y ha proporcionado nueva información sobre el caso. Según su declaración, Mario Vargas habría prestado un departamento a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, durante un litigio entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec y Codelco.

Silber también reveló que fue citado a Capitán Yáber para elaborar una declaración que justificara un pago de 45 millones de pesos a Gonzalo Migueles, que la Fiscalía investiga como una posible coima. Sin embargo, su abogada defensora, Susana Borzutzky, aseguró que Silber no está involucrado en la red de corrupción y que está colaborando con el Ministerio Público para esclarecer los hechos relacionados con la investigación.

La situación sigue siendo tensa y se espera que el caso continúe desarrollándose en los próximos días, mientras las autoridades judiciales analizan las implicaciones de las declaraciones y las pruebas presentadas.