BANGKOK (AP) — Grupos de derechos humanos criticaron el martes la decisión del gobierno de Trump de poner fin al estatus de protección para los ciudadanos de Myanmar debido al "notable progreso en gobernanza y estabilidad" del país, a pesar de que sigue sumido en una sangrienta guerra civil y el jefe de su régimen militar enfrenta posibles cargos de crímenes de guerra por parte de la ONU.

En su anuncio el lunes sobre el fin de la protección temporal contra la deportación para los ciudadanos de Myanmar, también conocido como Birmania, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, citó los planes del ejército para celebrar "elecciones libres y justas" en diciembre y "acuerdos de alto el fuego exitosos" como algunas de las razones para su decisión.

"La situación en Birmania ha mejorado lo suficiente como para que sea seguro que los ciudadanos birmanos regresen a casa", afirmó en un comunicado.

Al mando del general de alto rango Min Aung Hlaing, el Ejécito arrebató el poder en 2021 a Aung San Suu Kyi, que habia sido elegida de forma democrática, y ahora busca añadir un brillo de legitimidad internacional a su gobierno con las próximas elecciones. Pero con Suu Kyi en prisión y su partido ilegalizado, la mayoría de los observadores externos han descrito las elecciones como una farsa.

“La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem está tratando a esas personas como al perro de su familia, al que famosamente disparó a sangre fría porque se portó mal. Si se lleva a cabo su orden, literalmente los estará enviando de regreso a prisiones, torturas brutales y muerte en Myanmar”, afirmó Phil Robertson, director de Asia Human Rights and Labor Advocates.

“Es un grave error de juicio por parte de la secretaria Noem pensar que las próximas elecciones en Myanmar serán siquiera remotamente libres y justas, y simplemente está inventando cosas cuando afirma que los inexistentes altos el fuego proclamados por la junta militar de Myanmar resultarán en progreso político” añadió.

La toma militar provocó un levantamiento nacional con duros combates en muchas partes del país, y grupos prodemocracia y otras fuerzas han tomado el control de grandes extensiones de territorio.

El gobierno militar ha intensificado sus esfuerzos antes de las elecciones para retomar áreas controladas por fuerzas opositoras, con ataques aéreos que han matado a decenas de civiles.

En su lucha, el ejército ha sido acusado de uso indiscriminado de minas terrestres, de golpear escuelas, hospitales y lugares de culto en sus ataques, y de usar civiles como escudos humanos.

Además, los fiscales de la Corte Penal Internacional pidieron el año pasado una orden de arresto contra Min Aung Hlaing, acusándolo de crímenes contra la humanidad por la persecución de la minoría musulmana rohinya del país antes de que tomara el poder.

El Gobierno de Unidad Nacional, o NUG, un gobierno paralelo clandestino establecido por legisladores electos a los que se impidió ocupar sus escaños después de que el ejército tomó el poder en 2021, expresó su pesar por la decisión de Seguridad Nacional.

El portavoz del NUG, Nay Phone Latt, afirmó que el ejército lleva a cabo reclutamiento forzoso, ataca a civiles a diario, y las elecciones están excluyendo cualquier oposición real y no serán aceptadas por nadie.

"Las razones dadas para revocar el TPS no reflejan la realidad en Myanmar", dijo Nay Phone Latt a The Associated Press.

En su declaración, Noem dijo que su decisión de eliminar la protección "TPS" se tomó en consulta con el Departamento de Estado, aunque su último informe sobre derechos humanos en Myanmar cita "informes creíbles de: asesinatos arbitrarios o ilegales; desapariciones; tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante; arresto o detención arbitraria".

Y la última recomendación de viaje del Departamento de Estado para los estadounidenses es evitar el país por completo.

"No viaje a Birmania debido al conflicto armado, la posibilidad de disturbios civiles, la aplicación arbitraria de leyes locales, la mala infraestructura de salud, minas terrestres y municiones sin detonar, crimen y detenciones injustas", dice la guía.

Según la Asociación de Asistencia para Presos Políticos, más de 30.000 personas han sido arrestadas por razones políticas desde que el ejército tomó el poder, y 7.488 han sido asesinadas.

Aun así, Seguridad Nacional dijo que "la secretaria determinó que, en general, las condiciones del país han mejorado hasta el punto en que los ciudadanos birmanos pueden regresar a casa con seguridad", mientras añadía que permitirles permanecer temporalmente en Estados Unidos es "contrario al interés nacional".

John Sifton, director de defensa de Asia en Human Rights Watch, afirmó que "los extensos reportes sobre Myanmar contradicen casi todas las afirmaciones" en la declaración de Seguridad Nacional.

La decisión podría afectar a hasta 4.000 personas, dijo.

"Las declaraciones erróneas de Seguridad Nacional al revocar el TPS para personas de Myanmar son tan atroces que es difícil imaginar quién las creería", afirmó en un comunicado.

"Quizás no se esperaba que nadie lo hiciera".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.