Es importante comenzar aclarando que, en México, el derecho a manifestarse está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 6º, que garantiza la libertad de expresión, y de manera específica en el artículo 9º, que establece la posibilidad de que los ciudadanos se reúnan para expresar posturas, hacer reclamos, peticiones e, incluso, para participar en los asuntos políticos. En ese sentido, las manifestaciones son parte de la expresión social legítima, aunque en ocasiones puedan resultar cuestionables por su desarrollo.

La historia reciente de nuestro país muestra que, cuando son llevadas a cabo de manera pacífica, las marchas constituyen una forma de participación que fortalece la democracia. Hemos sido testigos de manifestaciones

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