La Inspección de Trabajo de la Generalitat ha sancionado con un millón de euros a la empresa Extreme Works UAB, una de las subcontratas en las obras del Camp Nou, por tener 79 trabajadores de origen turco sin papeles, según ha avanzado El Periódico.

La sanción, impuesta a una subcontrata de la constructora Limak, encargada de las obras del estadio, es resultado de una denuncia que CCOO interpuso en septiembre ante la presencia de trabajadores en situación irregular.

El sindicato se ha manifestado en diversas ocasiones para denunciar las prácticas de la empresa, que ha estado despidiendo a trabajadores a medida que se ha ido cumpliendo el calendario de las obras. Algunos despidos, además, se han dado justo después de que los trabajadores realizaran protestas para denunciar su situación, tal como explicó elDiario.es.

En la concentración de la semana pasada, el responsable de la federación Hàbitat de CCOO, Carlos del Barrio, aseguró que los despidos se producen “sin ningún tipo de garantía ni derechos”.

Según explica la empresa, los operarios son reclutados en origen y desplazados “temporalmente” a España “de acuerdo con los acuerdos internacionales aplicables”. Pero desde el sindicato niegan la mayor y aseguran que muchos de los operarios tienen permisos de residencia de otros países de la UE y, en algunos casos, ya caducados.

Por tanto, ninguno de los operarios cuenta con un contrato: la contratación y, por ende, el despido han sido verbales. “No hay ningún documento que acredite nada”, lamentan desde el sindicato. A consecuencia, nadie ha cotizado durante su estancia en Barcelona y tampoco tendrán derecho a indemnización.

Con todo, la compañía requiere a los operarios que regresen a Turquía “lo antes posible” porque “su periodo de desplazamiento internacional ha finalizado”. Así, sostienen que cobrarán lo que se les debe una vez regresen, pero desde CCOO alertan que eso no sucederá.

“Es una manera de asfixiarles económicamente. Les pagarán el sueldo, pero no todas las horas que han hecho y mucho menos una indemnización”, apunta del Barrio. Según apunta el sindicato, los operarios han trabajado una media de 12 horas al día, 7 días a la semana por unos 2.000 euros al mes. “Eso, sin cotizar, es prácticamente lo mismo que el Salario Mínimo”, concretan.

El sindicato se plantea ahora denunciar a la empresa y, paralelamente, intentar una regularización extraordinaria de los trabajadores. Esto último lo trabajarán con el Gobierno, en base a una puerta que abre la ley de Extranjería según la cual se tramitará un permiso de trabajo y residencia de un año para aquellas personas que denuncien a sus empleadores tras haber estado trabajando de manera ilegal durante más de seis meses.