La Corte de Apelaciones de Santiago ha publicado la lista de 28 candidatos que aspiran a ocupar de manera interina el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, tras la renuncia de Kamel Saquel. Este registro, considerado uno de los mejor remunerados del país, ha atraído a notarios, conservadores y un archivero judicial en un corto plazo de cinco días hábiles, tiempo que duró el concurso.

La convocatoria se realizó el 17 de noviembre mediante el Rol 3961-2025, dirigido exclusivamente a quienes forman parte del Escalafón Secundario Segunda Serie Primera Categoría. Los postulantes debían presentar sus antecedentes en un breve lapso, y el ganador asumirá un interinato que implica una alta carga de tráfico documental y un papel crucial en operaciones inmobiliarias y medidas cautelares.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, ahora tiene en sus manos la lista de candidatos, que incluye notarios de diversas regiones. Entre los postulantes se encuentran Gabriel Ogalde Rodríguez, de la 3ª Notaría de Santiago; Humberto Quezada Moreno, de la 26ª Notaría de Santiago; y Julián Miranda Osses, Archivero Judicial de Santiago, entre otros.

El cargo en disputa no es trivial. El Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar tiene un impacto económico y jurídico significativo. Su función está regulada por la Ley sobre Registro Conservatorio, que data de 1931, y se encarga de inscribir todas las resoluciones judiciales que limitan la capacidad de una persona para administrar o disponer de sus bienes. Esto incluye interdicciones civiles por demencia, prodigalidad o quiebra, así como prohibiciones de enajenar dictadas en diversos juicios.

Este registro actúa como un control esencial para prevenir fraudes y proteger el patrimonio en disputa. Cada orden de prohibición o medida precautoria debe ser inscrita de inmediato, y cualquier retraso en la actualización puede resultar en operaciones inmobiliarias indebidas, causando daños económicos significativos. Por lo tanto, el Conservador tiene la responsabilidad de garantizar un control preventivo eficaz en este ámbito.