En diciembre de 2008, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por ESUCO S.A. y RIVA S.A. ganó el contrato para la conservación y remodelación del Centro Cultural Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner, ubicado en el antiguo Palacio de Correos en Buenos Aires. La adjudicación, según la resolución MPFIPyyS N° 1517/2008, ascendió a un total de 925.788.107,96 pesos. Este dato ha cobrado relevancia en el juicio oral de la causa conocida como "Cuadernos", donde se investiga la posible corrupción en la adjudicación de obras públicas.

El empresario Enrique Wagner, titular de ESUCO y expresidente de la Cámara de la Construcción, enfrenta acusaciones de asociación ilícita y cohechos activos. Wagner, de 82 años, es señalado por el fiscal federal Carlos Stornelli como el organizador de un esquema de sobornos. Se le atribuye haber entregado sumas de dinero a Roberto Baratta, exfuncionario, en varias ocasiones entre 2010 y 2015. Las entregas incluyeron un millón de dólares en un bolso y 500 mil dólares en otra ocasión, según las acusaciones.

Oscar Centeno, remisero involucrado, documentó las entregas, indicando que el dinero se llevaba a la residencia de los Kirchner. Las transacciones ilegales se realizaban en la sede de ESUCO y en la casa de Baratta. La investigación reveló que Wagner se comunicó con Baratta en cinco ocasiones durante 2010, lo que refuerza las sospechas de un vínculo entre ambos en el marco de la corrupción.

La fiscalía sostiene que los pagos estaban relacionados con la participación de la UTE en procedimientos administrativos y obras públicas. Wagner, como arrepentido, afirmó que la recaudación de sobornos continuó hasta el final del gobierno de Cristina Fernández. En el juicio, se han presentado declaraciones de otros imputados, como el exsecretario de Obra Pública, José López, quien confirmó que la licitación del Centro Cultural fue gestionada por él y que la obra fue criticada por su magnitud y complejidad.

López también mencionó que la UTE de Wagner ganó la licitación en un contexto de alta competencia y dudas sobre el financiamiento. Wagner, en su testimonio, reveló que desde 2004 se implementó un sistema en el que las empresas adjudicatarias debían pagar un porcentaje del total de la obra como retorno financiero, lo que evidencia un patrón de corrupción en la adjudicación de obras públicas en Argentina.