“Los productores se manifiestan en todo el país por una razón legítima: esta iniciativa vulnera derechos que por décadas han sido reconocidos por el Estado mexicano. No se puede llamar ‘política hídrica’ a una ley que pretende sancionar con multas de entre dos y cinco millones de pesos a quienes, incluso por efecto de las lluvias, modifiquen mínimamente un cauce. Eso es criminalizar al campo”, afirmó.

El Senador por Acción Nacional insistió en que nadie cuestiona la prioridad del derecho humano al agua para consumo, uso doméstico y uso urbano. “Eso no está en debate. Lo que está en debate es un argumento construido para dividir a los mexicanos. Es falso que exista una contravención entre garantizar agua a las personas y permitir que el campo siga produciendo”, sostuvo.

Explicó que, en la

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