La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó en marzo al juez del caso de corrupción en la Diputación de Almería la intervención de las comunicaciones del entonces presidente de la institución, Javier Aureliano García, según consta en un atestado policial al que ha tenido acceso elDiario.es. Las prórrogas sucesivas constatan que la solicitud fue autorizada, así como la colocación de micrófonos en una cita entre el presidente del PP almeriense y de la Diputación y su número dos en el órgano supramunicipal, el también investigado Fernando Giménez, días después, quien también ha tenido el teléfono intervenido.

Nueve meses después, ambos políticos han sido detenidos en el marco de una causa por corrupción que se inició en 2020 y en cuya primera fase, desarrollada en 2021, había resultado detenido Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero de la Diputación. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería les acusa de liderar una estructura criminal de amaño de adjudicaciones de la Diputación a cambio de mordidas.

Pese al secreto de las actuaciones decretado por el magistrado en esta segunda fase de la investigación, los oficios policiales recogen indicios de que Javier Aurelio García, el líder del PP local, se sabía investigado. Cuando los agentes entraron sorpresivamente en su despacho de la Diputación de Almería “numerosa documentación en papel con información obrante en la causa, principalmente conversaciones de Whatsapp extraídas del teléfono móvil de Óscar Liria (grupo denominado Naranjito...), escritos e informes policiales, así como información relacionada con el contrato de material sanitario [con el que se originó la investigación]”.

Pero lo que más llamó la atención a los agentes fue algo encontrado “en el cajón principal de su mesa”: un documento con el encabezado “Ingresos declarados y cobrados en efectivo”. Se da la circunstancia de que uno de los indicios que manejan los investigadores contra el presidente de la Diputación es la cantidad de dinero en efectivo que manejaba, destinado a pagar operaciones inmobiliarias, cuotas de hipoteca o viajes de placer.

Este documento, según describen los propios investigadores, es “una tabla donde se hace un análisis por ejercicio de los fondos que habría manejado [García] en efectivo”. “Aparentemente el interés de esta tabla podría ser el dar soporte a un eventual manejo de dinero en efectivo por parte de Javier Aureliano, de tal manera que podría quedar justificado con dos orígenes: por un lado, ingresos de las rentas obtenidas de alquileres de inmuebles de su propiedad (reflejados en la tabla como pisos) y, por otro, los percibidos por el reparto de beneficios que le correspondería por su participación (25%) en García Molina CB (reflejados en la tabla como FINCA)”, escribe la UCO. García Molina es una sociedad familiar de gestión de las rentas inmobiliarias de los cuatro hermanos.

Esto, respecto a la justificación que preparaba el presidente de la Diputación. Sin embargo, el análisis de los agentes no se queda ahí. La UCO dice que, de su análisis, se evidencia que “al menos dos de los montantes recogidos en esta tabla no habrían sido cobrados en efectivo, en tanto en cuanto se habían localizado en los productos bancarios de Javier Aureliano”. Se trata de un importe de 8.817,46 euros del año 2023 y otro de 11.701,88 del año 2024 y provendrían de la citada sociedad García Molina CB.

El registro en casa de la hermana del ya expresidente de la Diputación permitió el hallazgo de una caja fuerte con dinero en metálico, ubicada en la despensa de la casa. Había 7.260 euros y una nota en tinta roja: “Este dinero es de Javier Aureliano”. Los guardias civiles escriben en su atestado que el detenido declaraba ingresos por rentas de alquiler de varios inmuebles de su propiedad, dos de ellos por transferencia bancaria y otros en efectivo, que explicarían el hallazgo.

Captura del documento sobre los ingresos en efectivo que la UCO incautó al ex presidente de la Diputación

Junto a los cinco detenidos hay 17 investigados, incluidos dos hermanos de Javier Aurelio. La mayoría de los investigados se negaron a declarar en sede policial, también los hermanos del expresidente de la Diputación. Con un matiz, después de rechazar contestar a las preguntas de los agentes por la acusación de blanqueo de capitales, la hermana dijo que sí quería “manifestar alguna cosa”. Y entonces, María del Rosario dio una explicación sobre los ingresos en efectivo acerca de que ella recauda los alquileres en metálico desde que su madre falleció en 2019 y que con ellos se paga una hipoteca a nombre de Javier Aureliano o él coge dinero cuando lo necesita.

Ocurrió de forma idéntica con el hermano de Javier Aureliano. Como Rosario, Juan Carlos se acogió a su derecho a no declarar ante los agentes pero hizo una afirmación voluntaria y espontánea sobre el dinero en efectivo. Como ella, afirmó que aunque los cobros de los alquileres se realicen en metálico todos son declarados a Hacienda. Incluyó en el reparto entre los hermanos la gestión de tres invernaderos. Añadió que él suele entregar dinero en efectivo a sus hermanos procedente de ese negocio y que la parte del expresidente de la Diputación, como ocurría con los alquileres, se la queda su hermana.

Además del dinero en metálico que manejaba el expresidente de la Diputación, el juez considera clave las conversaciones en clave de Javier Aureliano con sus colaboradores, aludiendo al dentista mientras discutían de adjudicaciones. En la adjudicación del contrato de material sanitario que originó la investigación, una vez consumada, el presidente de la Diputación escribió el emoticono de una muela. El juez considera que se trata de un indicio “demoledor”, después de que en otra conversación trasladara a Liria que necesitaba ir al dentista y este le contestara: “Te vas a poder poner la piñata entera”.