Una coalición de 21 fiscales generales, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandaron este miércoles a la administración Trump por intentar recortar los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para decenas de miles de residentes permanentes legales.

En su presentación judicial, los estados apuntan directamente al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), al que acusan de reinterpretar la ley de forma más restrictiva de lo aprobado por el Congreso.

Señalan que el memorando emitido el 31 de octubre bajo la llamada “Proyecto de Ley Grande y Hermosa” redefine la elegibilidad del SNAP y deja permanentemente fuera del programa a refugiados, asilados y otros beneficiarios humanitarios incluso después de obtener la residenc

See Full Page