En los últimos meses, el Perú ha ingresado en una fase acelerada de erosión democrática. Decisiones que minan la independencia del sistema de justicia y, en particular, la integridad del Ministerio Público dan cuenta de ello.

Es a partir de la inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza, sumada a la aprobación de leyes que recortan drásticamente las facultades del Ministerio Público, que se han encendido las alarmas de la comunidad internacional.

Organizaciones de derechos humanos han emitido un pronunciamiento que alerta sobre las consecuencias de los abusos parlamentarios.

De acuerdo con las entidades multilaterales, el uso abiertamente instrumental del control político para someter a la Fiscalía constituye un riesgo directo para la integridad de las elecciones generales de 202

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