La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión incondicional y sin fianza del exministro José Luis Ábalos. Esta petición se realizó durante una vistilla en el Tribunal Supremo, donde se discutieron las medidas cautelares que actualmente limitan su libertad. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, argumentó que el riesgo de fuga ha aumentado significativamente, especialmente tras la solicitud de 24 años de cárcel para Ábalos por su implicación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos, quien llegó al tribunal con una mochila de cuero marrón, compareció ante el juez Leopoldo Puente. La defensa del exministro argumentó que su arraigo como diputado y la vulneración del artículo 23 de la Constitución, que garantiza la representación política, deberían ser considerados en contra de la prisión preventiva. Sin embargo, la Fiscalía y las acusaciones populares, lideradas por el PP, han insistido en la necesidad de esta medida debido a los "indicios racionales de criminalidad" y el riesgo de fuga.

La causa se centra en la adjudicación de contratos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión, en la que se alega que Ábalos y su exasesor Koldo García recibieron compensaciones económicas indebidas. La Fiscalía ha imputado a ambos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, se les exige el pago de una multa de aproximadamente 3,9 millones de euros.

Las acusaciones populares han ido más allá, solicitando penas de hasta 30 años de prisión para ambos, añadiendo los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. La decisión del juez sobre la prisión de Ábalos y Koldo se espera en breve, en un caso que ha captado la atención pública y que podría tener graves repercusiones en la política española.