El Ajuntament de Palma quiere tener autonomía para permitir que en determinados desarrollos urbanísticos se reduzca o directamente se suprima el porcentaje de vivienda protegida exigido por ley. Esto permitiría que los promotores privados, que son los que básicamente edifican por la falta de capacidad que tienen las instituciones públicas, puedan construir sin tener que estar tan condicionados por la obligación de construir vivienda protegida. Solo ocurriría en casos concretos y siempre con previo informe técnico y justificativo, además de la ratificación del pleno municipal, según ha puntualizado la regidora d’Hisenda i Funció Pública, Mercedes Celeste.

Ahora se exige que un 50 % sea vivienda protegida, pública o asequible, y esto deberá cumplirse a nivel municipal, por lo que la idea

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