El Ministerio de Función Pública y los sindicatos han alcanzado un acuerdo que establece una subida salarial del 11% para los empleados públicos hasta 2028. Este incremento comenzará a aplicarse en diciembre, con un aumento del 2,5% correspondiente a 2025, retroactivo desde enero. La subida se estructurará de la siguiente manera: un 1,5% para 2026, seguido de un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. Según los cálculos de la mesa negociadora, la subida acumulada al final del periodo será del 11,4% debido al efecto arrastre de consolidar cada año la subida en las tablas salariales. UGT y CSIF han respaldado el acuerdo, mientras que CCOO se ha descolgado. Este pacto se ha logrado tras casi cuatro horas de negociaciones y se espera que se firme en un acto público. El Gobierno ha mejorado su oferta para los dos primeros años, garantizando que los sueldos se incrementen a un nivel similar a la inflación esperada. Esto ha sido clave para convencer a los sindicatos, que temían que los funcionarios perdieran poder adquisitivo. El incremento del 2,5% se abonará en una 'súper paga' de Navidad, que se percibirá en diciembre junto a la paga extra. Para 2026, se prevé una subida fija del 1,5%, con la posibilidad de añadir otro 0,5% si el IPC supera el 1,5% a final de año. El ministro Óscar López ha logrado equilibrar las exigencias de Hacienda y las demandas sindicales. El Gobierno se ha comprometido a cumplir el acuerdo de manera inmediata, lo que implica la aprobación de un real decreto ley en los próximos días para actualizar las nóminas. Este acuerdo es significativo, ya que afecta a más de tres millones de empleados públicos en toda España y cierra el calendario de subidas salariales hasta 2028, coincidiendo con la próxima legislatura y las elecciones generales previstas para 2027. La situación económica y las limitaciones presupuestarias han sido un obstáculo en las negociaciones, pero finalmente se ha optado por una fórmula que vincula las subidas a variables de fácil cumplimiento. El cumplimiento de estas variables será clave para asegurar que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo en el corto plazo, aunque se espera que recuperen ese déficit en los años siguientes.