Morelia, Michoacán.- En una audiencia que se extendió por 18 horas, el juez de control, Luis Fernando Díaz Parra, vinculó a proceso a Jorge Armando "N", conocido como "El Licenciado", y a siete escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por su implicación en el homicidio del edil, ocurrido el 1 de noviembre. La decisión se tomó a las 6:01 de la mañana de este jueves, tras una exhaustiva presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

"El Licenciado" es acusado de ser el presunto coautor del homicidio doloso calificado de Carlos Manzo, así como de lesiones dolosas a las víctimas directas, incluyendo al regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo. Los siete escoltas, identificados como Alejandro "N", Demetrio "N", Omar "N", Guillermo "N", Omar Osvaldo "N", Monserrat "N" y Mario Alberto "N", enfrentan cargos por homicidio doloso en comisión por omisión, ya que se les imputa no haber tomado las medidas necesarias para proteger al alcalde durante el ataque.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa a todos los imputados y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, con un término máximo de dos años para el proceso judicial. Durante la audiencia, se presentaron 27 datos de prueba por parte de la defensa, pero el juez determinó que no eran suficientes para demostrar la inocencia de los acusados.

El juez Díaz Parra destacó que "El Licenciado" fue clave en la planificación y ejecución del ataque, señalando que las pruebas indican su papel central en el crimen. En cuanto a los escoltas, el juez enfatizó que tenían la obligación de garantizar la seguridad del alcalde, especialmente durante el Festival de las Velas, donde se conocían las amenazas de la delincuencia organizada.

"A 10 centímetros se dio la agresión, cruzó el círculo de seguridad perimetral portando un arma de fuego", subrayó el juez, indicando que la inacción de los escoltas constituyó un delito penal por omisión.

Al inicio de la audiencia, "El Licenciado" se defendió afirmando que no pertenece a ningún grupo del crimen organizado y que es un contratista con experiencia en licitaciones. También denunció haber sido "levantado" y torturado por elementos encapuchados tras su detención el 18 de noviembre en Morelia.

La defensa de los imputados tiene un plazo de tres días para apelar las decisiones del juez, mientras el caso sigue en desarrollo, con la atención de la comunidad y las autoridades locales centrada en este impactante suceso que ha conmocionado a Uruapan y sus alrededores.