El Ministerio de Vivienda saca a consulta pública el nuevo Plan Nacional de Renovación de Edificios, que prevé reducir un 25% el consumo energético de los hogares, lo que tendría un impacto de hasta el 60% en las facturas que pagan las familias

El mapa de las 45.000 viviendas para alquiler asequible de la nueva empresa pública, municipio a municipio

30.000 millones de euros. Es la inversión que se estima que van a tener que realizar los hogares españoles para rehabilitar sus viviendas antes de 2030, según se desprende de las cifras del futuro Plan Nacional de Renovación de Edificios que prepara el Gobierno.

España tiene un parque de viviendas viejo y poco eficiente, con más de la mitad de las casas construidas hace más de 45 años, cuando todavía no existían normativas sobre eficiencia energética. Unos seis millones de familias habitan en inmuebles con deficiencias, según los datos del texto del nuevo Plan Estatal de Vivienda en el que trabaja el Gobierno. Desde el ministerio que dirige Isabel Rodríguez, no obstante, trasladan que el país se ha enchufado a la ola rehabilitadora, con una media de unas 540.000 obras al año entre 2020 y 2023.

El Ministerio de Vivienda sacará este viernes a consulta pública su nuevo Plan Nacional de Renovación de Edificios, que abarcará hasta 2030 y se incorporará al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El documento persigue reducir el consumo energético residencial en un 25% en esta década, a través de siete políticas clave: la rehabilitación energética de edificios; la regeneración urbana y los barrios sostenibles; la lucha contra la pobreza energética; la innovación, circularidad e industrialización; el impulso a la energía renovable; la gobernanza y financiación; y el acompañamiento, sensibilización y formación.

“Es un proyecto de país que implica una renovación del parque, teniendo en cuenta los principios de arquitectura de calidad, enfoque integral y de no dejar a nadie atrás”, explican fuentes del Ministerio, que insisten en que este plan supondrá un ahorro de hasta el 60% en las facturas que pagan los hogares. “Nuestro parque edificatorio es muy antiguo, lo que implica que las viviendas son muy ineficientes desde el punto de vista energético, consumen mucha energía y los ciudadanos tienen que pagar mucho en la factura de la luz”.

El Plan Nacional de Renovación de Edificios se enmarca en el cumplimiento de la Directiva de Eficiencia Energética, pero sus objetivos son más ambiciosos. Europa reclama a los países miembros del club comunitario reducir el consumo en el parque residencial un 16% para 2030; un 20% para 2035; y las cero emisiones para mitad de siglo. Pero la buena marcha de los trabajos en España animan al ministerio a marcar una reducción del 25% ya para el final de esta década.

Según los datos que manejan en Vivienda, actualmente España estaría en una reducción del 10%, frente al 7% europeo. “Estamos bien encaminados y, si continuamos con esa tendencia, que se apoya en los datos de consumo que se están reportando, en 2030 llegaremos a reducir ese consumo en un 25% y en 2035, en un 33%”, apuntan.

Las estimaciones del Ministerio se basan en los certificados de obra y los datos de consumo y la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) que pregunta a los ciudadanos cuándo han hecho algún tipo de obra o actualización en sus casas. Con estos datos, Vivienda calcula que se han realizado una media de 540.000 rehabilitaciones al año entre 2020 y 2023. De ellas, 31.500 serían profundas y 508.500 medias o ligeras, como cambiar todas o algunas ventanas.

En total, son algo más de 1,6 millones de reformas, pero como no todas tienen el mismo peso en términos de mejora en eficiencia energética, el Gobierno realiza una equivalencia a viviendas totales, para poder establecer una comparativa con lo que pide la directiva europea.

De esta forma, se habrían rehabilitado ya 614.000 viviendas, de los casi 1,6 millones que compromete el Plan. El parque residencial español cuenta con unos nueve millones de edificios, que aglutinan 36 millones de viviendas, además de un sector terciario con unos 370.000 edificios, que también deberán reducir su factura energética en un 16% para 2030 y un 26% para 2033, con el mismo horizonte de emisiones cero en 2050.

Aunque desde el ministerio hacen hincapié en esa reducción de la factura, de hasta el 60%, que supone la rehabilitación de la vivienda y el impacto en la mejora de la calidad de vida, las reformas no saldrán gratis. Según los cálculos de este departamento, la inversión total que se requiere para cumplir con los objetivos del Plan asciende a 39.350 millones de euros. De esa cifra, unos 11.000 millones, casi un 30%, serán de dinero público.

El Plan Estatal de Vivienda, en el que trabaja el ministerio con las comunidades autónomas, contempla un presupuesto total de unos 7.000 millones, de los que el 30% —unos 2.100 millones— se destinarán a trabajos de renovación y rehabilitación de edificios. Además, fuentes de este departamento confían en la aportación del Plan Social por el Clima, que se está trabajando en la Comisión Europea y con una pata centrada en la adaptación de los hogares vulnerables que sufren pobreza energética y no pueden renovar sus casas.

Con el presupuesto aun sin cerrar, por esta vía podrían llegar unos 3.000 millones más. Además, habría que sumar los fondos que se dediquen a los trabajos técnicos, al margen de subvenciones y ayudas, y a los trabajos en los edificios públicos.

Para rebajar esa factura, que deben asumir los privados, principalmente las familias, se ha puesto en marcha el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Se trata de un documento electrónico que garantiza que una actuación ha supuesto un ahorro de energía final equivalente a un kWh. “Este instrumento permite monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia energética (cambio de iluminación, mejora del aislamiento térmico, renovación de equipos industriales o domésticos, etc.), ya que el usuario final podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros obtenidos”, explica en su web el Ministerio para la Transición Ecológica.

Por el momento, se trata de un instrumento “que está empezando a despegar”, indican fuentes de Vivienda, pero que permitiría a agentes que tienen la obligación de reducir sus emisiones 'comprar' y financiar los ahorros energéticos de los particulares para cumplir con sus obligaciones.

En cualquier caso, el documento que se publicará este viernes ha estado sometido a un proceso participativo, en el que han colaborado 80 agentes de la sociedad civil, asociaciones empresariales y empresas y las administraciones públicas, que han centrado sus observaciones en la eficiencia energética, la financiación y las ayudas, la divulgación y formación, los instrumentos de gestión, la pobreza energética y la innovación.

Con las nuevas aportaciones, la intención de Vivienda es llevar el texto a Consejo de Ministros antes de que finalice el año. Después, la Comisión tendrá un semestre para hacer observaciones y el Gobierno, otros seis meses para incorporar estas mejoras, por lo que la aprobación definitiva de la estrategia podría irse a finales de 2026.