El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su campaña presidencial de 2022, por exceder los límites de gasto establecidos. La decisión del CNE, que se conoció recientemente, determinó que la campaña de Petro superó los topes permitidos en un total de 5.300 millones de pesos, de los cuales 3.700 millones corresponden a la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda. Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes lideraron la investigación, encontraron irregularidades significativas, incluyendo la omisión de un aporte del sindicato de maestros Fecode y el uso de fuentes de financiación prohibidas. En respuesta a la sanción, Petro utilizó su cuenta de X para expresar su desacuerdo, afirmando: "NO HAY UN SOLO PESO DEL NARCOTRAFICO EN MI CAMPAÑA. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición". El mandatario también criticó la imparcialidad del CNE, sugiriendo que la oposición controla la entidad y que la decisión fue influenciada por intereses políticos. "Es la oposición multándonos", agregó. La votación del CNE fue de 6 a 3, con cinco magistrados a favor de la sanción y dos en contra. Entre los sancionados se encuentran el gerente de campaña, Ricardo Roa, y la tesorera, Lucy Aydée Mogollón, así como los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP). La senadora Paloma Valencia, de la oposición, ha instado a que se impongan sanciones al presidente, argumentando que la Constitución establece que quien obtiene un cargo público rompiendo los topes electorales puede ser destituido. La controversia en torno a la financiación de la campaña de Petro ha generado un intenso debate político en el país, con llamados a la transparencia y a la publicación de informes relacionados con las finanzas de la campaña. La situación sigue siendo objeto de atención tanto en el ámbito político como en la opinión pública.