Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.— El diputado Gaspar Quintal Parra presentó ante el Congreso del Estado un exhorto dirigido al Poder Ejecutivo para exigir la instalación inmediata del Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de desaparición, así como la designación y ratificación del Consejo Estatal Ciudadano, ambos previstos en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares publicada el 12 de enero de 2024.

El legislador recordó que la Ley estableció plazos precisos: el Gobierno del Estado contaba con un año para instalar el Mecanismo Estatal de Coordinación y con seis meses para someter a ratificación los perfiles que integrarían el Consejo Estatal Ciudadano. Ambos tiempos ya quedaron rebasados. En términos legales, Yucatán debió contar con su Consejo desde junio de 2024 y tener el Mecanismo plenamente instalado desde enero de 2025.

Quintal Parra advirtió que esta omisión no es menor. Explicó que el Mecanismo Estatal constituye la estructura central para coordinar los esfuerzos de prevención, investigación y búsqueda entre autoridades estatales y municipales. Por su parte, el Consejo Estatal Ciudadano es la vía que garantiza la participación directa de víctimas y colectivos de familias buscadoras, quienes han sostenido durante años las labores que el propio Estado dejó pendientes.

“No instalarlo es, en la práctica, silenciar la voz de quienes más han sufrido”, señaló. Añadió que la ausencia de estas instituciones no solo incumple la Ley, sino que excluye injustificablemente a quienes han impulsado la búsqueda de sus seres queridos.

El diputado también recordó los casos recientes ocurridos en Tekax, Ticul y el asesinato de un adolescente yucateco en Tulum, hechos que evidencian que Yucatán no está exento de la crisis nacional de desapariciones.

En su propuesta, Quintal Parra planteó dos acciones urgentes que el Gobierno del Estado debe atender. La primera es definir, en consenso con los colectivos de búsqueda, a las cinco personas que formarán parte del Consejo Estatal Ciudadano, así como a los dos especialistas en derechos humanos, y posteriormente enviar estas designaciones al Congreso para su ratificación. La segunda acción es proceder a la instalación formal del Mecanismo Estatal de Coordinación y garantizar que funcione conforme lo establece la Ley.

“Este exhorto no es un acto político ni un diferendo entre poderes”, afirmó el legislador. “Es un deber moral, jurídico e institucional. Cada día sin atender esta urgencia es un día en que se pierden registros, se debilitan investigaciones, se retrasan búsquedas y se amplía la distancia entre el dolor y la justicia”.

Finalmente, expresó confianza en que la Legislatura respaldará el punto de acuerdo “en favor de quienes buscan a sus seres queridos con la esperanza como única herramienta”. ( Noticaribe )