La Delegación del Gobierno en Cantabria comenzará a trabajar « desde ya » para que la afección del futuro tren Santander-Bilbao sea « la menor posible » en el territorio cántabro. El delegado del Gobierno, Pedro Casares , ha asegurado que el Ejecutivo central será « sensible » a todas las alegaciones que presenten los vecinos y las administraciones, y ha trasladado un mensaje « de tranquilidad y de confianza » a las localidades afectadas por el proyecto ferroviario.

Casares respondió así a las preguntas de la prensa acerca de la « preocupación » expresada por alcaldes y vecinos ante la posibilidad de que el trazado parta « municipios en dos » o provoque la paralización de trámites urbanísticos ya iniciados. El delegado compartió públicamente dicha inquietud y subrayó que existe « máxima sensibilidad » hacia las demandas trasladadas por los ayuntamientos implicados.

En este sentido, explicó que la Delegación mantiene reuniones constantes con los regidores de las zonas afectadas, como el encuentro celebrado hoy con la alcaldesa de Medio Cudeyo , María Higuera (PRC), con el fin de « escuchar propuestas » y atender las prioridades expresadas por cada municipio. Casares insistió en que el proyecto se encuentra aún en « una fase muy temprana », en la que solo existen dos alternativas de trazado , ambas sometidas a estudio y « sin una decisión definitiva ».

El delegado recordó que los dos recorridos planteados se presentan « en una fase muy preliminar », con una visión amplia del territorio que podría experimentar modificaciones a medida que avance la tramitación, especialmente tras el análisis de todas las alegaciones. Por ello, destacó la importancia del actual periodo de exposición pública , en el que tanto vecinos como administraciones locales pueden remitir sus observaciones para que el Gobierno disponga de « una visión más completa y ajustada al terreno ».

Casares reiteró que « el Gobierno de España va a ser sensible » a cada una de las propuestas que se formulen y que, además, se están celebrando reuniones preliminares con los 15 ayuntamientos afectados , con el objetivo de construir un proceso transparente y participativo. Según destacó, la voluntad del Ejecutivo es minimizar cualquier impacto negativo y asegurar que la infraestructura se integre « de la manera más respetuosa posible » en el entorno.

El delegado recordó, asimismo, que se trata de un proyecto estratégico para la comunidad autónoma, al permitir no solo una conexión directa entre Santander y Bilbao , sino también un avance hacia la conexión ferroviaria europea , un viejo objetivo respaldado por « todos los agentes políticos y sociales » de Cantabria. En este sentido, subrayó el valor económico, social y de movilidad que puede suponer este corredor ferroviario a medio y largo plazo.

Las declaraciones de Casares se produjeron antes de la reunión de la Comisión Operativa Autonómica de Cantabria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, celebrada en el edificio Macho, donde reiteró su compromiso con un proceso « ordenado, dialogado y transparente », orientado a garantizar que el proyecto avance sin olvidar « la realidad de los municipios y las preocupaciones legítimas de sus habitantes ».