En una región donde la impunidad suele blindar a quienes ejercen el poder, la justicia peruana exhibe una capacidad singular para investigar y sancionar a sus más altas autoridades. Que el sistema que persigue el delito y administra justicia haya logrado llevar a juicio y sentenciar a casi todos los presidentes que han cometido delitos en las últimas décadas constituye, sin duda, una demostración de vigor institucional.

No obstante, ese estándar de exigencia se diluye cuando las pesquisas apuntan a los miembros del establishment que aún detentan el poder. Como han sido testigos los peruanos, los procesos se entrampan, las denuncias se archivan y la búsqueda de responsabilidades se ve neutralizada por un sistema de blindaje institucional que funciona como resguardo para quienes controlan y

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