Un informe vetado a los órganos de gobierno

El documento no ha sido compartido ni con el máximo órgano de gobierno de Tragsa ni con su comité de dirección. Solo se notificó la finalización del análisis. El forensic tampoco ha sido remitido a Tragsatec —filial que contrató a Rodríguez— ni a la junta de accionistas, que únicamente conocen unas conclusiones parciales.

Casas aseguró en el Senado que amplió la investigación en marzo de 2025 para incluir toda la cadena de mando. Pero siete meses después, el informe sigue sin ver la luz, lo que ha generado creciente impaciencia en el entorno parlamentario y en sectores de la propia empresa.

Protocolos anticorrupción tras el escándalo

En paralelo, Tragsa ha lanzado un nuevo protocolo para impedir enchufes . La asesoría jurídica deberá validar que los encargos no sean simples cesiones de personal o contratos a medida. Estas medidas afectan ya a la cúpula directiva y a toda la plantilla del grupo estatal.

Muchos de estos cambios comenzaron antes de que concluyera la investigación liderada por el compliance officer . Su papel es clave para prevenir riesgos penales derivados de contratos irregulares o favores políticos encubiertos.

El caso de Jéssica Rodríguez: símbolo de opacidad

Rodríguez fue contratada en Tragsatec sin acudir a trabajar, según consta en la causa. Su testimonio como testigo en el caso Koldo , en febrero pasado ante el Tribunal Supremo , precipitó la exposición del caso. En los documentos internos de Tragsa era identificada como la « sobrina de Ábalos ».

Hasta la fecha, no se han producido ceses en el organigrama superior de Tragsa. Esta pasividad, unida al silencio en torno al informe, proyecta una imagen de inacción institucional ante una situación que compromete la transparencia y la ética en la gestión pública.

La rendición de cuentas no puede esperar

Cuando una empresa pública retiene un informe clave mientras el Parlamento lo exige, la cuestión deja de ser técnica para convertirse en política. No se trata solo de una contratación dudosa, sino del reflejo de un sistema que normaliza el clientelismo y la impunidad .

El Gobierno debe asumir que no es posible pedir confianza mientras se niega la verdad. El silencio de Casas, y la inacción del Ministerio correspondiente, abonan el terreno del descrédito institucional. La rendición de cuentas es una obligación democrática, no una opción .