El anuncio de una acción popular contra el nuevo pico y placa que regirá los sábados para vehículos con placa foránea en Bogotá abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre movilidad regional. La medida, programada para entrar en vigencia en 2026, ha sido cuestionada por posibles afectaciones a la igualdad y a los derechos de quienes ingresan diariamente desde municipios aledaños.

El abogado Julián Prada informó que acudirá a esta herramienta jurídica con el argumento de que la restricción discrimina a los conductores de otros municipios y genera impactos económicos y laborales. Según su posición, la norma establece diferencias injustificadas entre ciudadanos y afecta a quienes dependen del vehículo para estudiar, trabajar o desplazarse en la región.

Reacciones de autoridades region

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