La inhabilitación por 10 años de la fiscal de la nación suspendida, Delia Espinoza, aprobada el 25 de noviembre por la Comisión Permanente del Congreso, desató críticas dentro y fuera del país. Expertos y organizaciones advierten que la decisión compromete el Estado de derecho. También alertan que podría debilitar la lucha contra el crimen organizado.

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, expresó “profunda preocupación” por lo que considera una ofensiva para obstaculizar la labor de Espinoza. Advirtió que los procesos disciplinarios, su suspensión y la reducción de su seguridad ponen en riesgo la independencia judicial.

“Atacar a la fiscal Espinoza mediante procedimientos disciplinarios, suspensiones, amenazas a su seguridad al reti

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