La detención de un opositor o activista en Venezuela suele marcar el inicio de un periodo de incertidumbre tanto para el acusado como para los familiares de los presos políticos. En la mayoría de este tipo de detenciones registradas en el país, los cuerpos de seguridad del Estado impiden al detenido el contacto con el mundo exterior durante las primeras horas o días, lo que hace más difícil la posibilidad de que el aprehendido tenga una defensa legal temprana.

Esta práctica de incomunicación, ampliamente cuestionada por las reglas internacionales establecidas para la defensa de los derechos humanos de los privados de libertad, como las Mandela o Bangkok, busca quebrar la voluntad de las personas detenidas antes de su primera comparecencia ante los órganos de justicia.

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