La Fiscalía General solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en medio del proceso penal que se les adelanta por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías.

Lo anterior al considerar que sus acciones representan un peligro para la sociedad. Igualmente, reclamó que en libertad pueden emprender la fuga, lo que representaría una obstrucción a la justicia.

La fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, aseveró además que pueden manipular pruebas y presionar a los testigos que ya firmaron un acuerdo con el ente investigador a cambio de entregar información.

Para el ente investigador, en 2023 los entonces ministros hicieron parte de un

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