El precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa, de Libertad Popular, fue víctima de un ataque armado en Cerro Azul, Cañete, el pasado martes. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, condenó el atentado y llamó a rechazar la violencia en la campaña electoral. Belaunde, quien resultó ileso, se dirigía a su proyecto inmobiliario cuando dos hombres en motocicleta abrieron fuego, impactando su camioneta con al menos cuatro balas.

El ataque ocurrió entre las 7:30 y 8:00 de la mañana, mientras Belaunde salía de uno de sus terrenos. Según el general Óscar Arriola, el político respondió disparando en defensa propia. A pesar de la gravedad del incidente, no se habían reportado amenazas previas contra él. El alcalde de Cerro Azul, José Paín, confirmó que el ataque se produjo en un área de su propiedad, donde Belaunde supervisa un proyecto de urbanización.

Diversos líderes políticos han expresado su condena. El congresista Alejandro Cavero exigió a la Policía que capture a los responsables, mientras que la legisladora Karol Paredes pidió una investigación rigurosa. La congresista Flor Pablo destacó la necesidad de actuar rápidamente para evitar que la violencia escale. Por su parte, Alfonso López Chau, precandidato de Ahora Nación, también se solidarizó con Belaunde y pidió un proceso político sin violencia.

El exministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, advirtió sobre la posibilidad de que la violencia política se entrelace con la delincuencial si no se toman medidas firmes. El excongresista Juan Sheput recordó el reciente asesinato de otro precandidato, lo que subraya la urgencia de garantizar elecciones seguras.

Las autoridades han activado el Plan Cerco y están analizando la escena del crimen. Se han revisado las trayectorias de las balas y se están recopilando pruebas balísticas. Aunque no hay antecedentes de amenazas contra Belaunde, la investigación se centra en esclarecer si el ataque fue un mensaje para frenar su proyecto inmobiliario. La situación sigue siendo crítica y el caso permanece abierto, con la comunidad política demandando respuestas y garantías para un proceso electoral pacífico.