Ante las presuntas inconsistencias detectadas en el proceso para contratar el servicio de alimentación de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria de Cali, la Personería Distrital pidió a la Secretaría de Seguridad y Justicia suspender el proceso contractual.

El contrato, con un valor estimado de $12.000 millones, empacada y entregada individualmente en el sitio para la población privada de la libertad”.

La alerta del Ministerio Público se originó tras las manifestaciones presentadas por uno de los proponentes y la intervención radicada en la plataforma SECOP II por la veeduría ciudadana nacional No a la Corrupción, representada por Arnulfo Molina Polo.

Esta organización pidió a los entes de control ejercer control preventivo sobre la licitación y

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