La Corte Penal Internacional cerró definitivamente su oficina en Caracas el 1 de diciembre de 2025, tras determinar que las condiciones en Venezuela se transformaron en un obstáculo insuperable para avanzar en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.

El anuncio fue realizado por el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, quien señaló la falta de progreso real por parte del Estado venezolano como motivo principal de esta decisión.

La oficina había sido establecida tras un acuerdo firmado el 9 de junio de 2023, con el objetivo de apoyar e impulsar las investigaciones mediante asistencia técnica a la fiscalía venezolana.

Sin embargo, la cooperación oficial se diluyó progresivamente, las condiciones se endurecieron y, paradójicamente, aumentaron los presuntos c

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