El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha reavivado el debate sobre la obediencia militar en un video de 2016, donde afirmó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos "no seguirán órdenes ilegales de su comandante en jefe". Este mensaje, que ahora critica a los demócratas por difundir, se ha convertido en el centro de una controversia actual. Hegseth ha denunciado a seis legisladores demócratas, a quienes ha llamado los "Seis Sediciosos", por instar a los militares a desobedecer órdenes que consideren ilegales.

La controversia surge en medio de un creciente escrutinio sobre los ataques militares de EE.UU. contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico. Algunos legisladores de ambos partidos han cuestionado la legalidad de estas acciones. Hegseth ha calificado de "despreciable, imprudente y falsa" la información difundida por los demócratas y ha solicitado una investigación del Pentágono sobre el senador Mark Kelly, un capitán retirado de la Marina.

El presidente Trump y Hegseth afirmaron no estar al tanto de un segundo ataque contra una embarcación en septiembre. Hegseth, quien apoyó al almirante Frank M. "Mitch" Bradley, comandante del Comando de Operaciones Especiales, dijo que no vio a sobrevivientes en el barco antes del ataque. Sin embargo, en el video de 2016, Hegseth enfatizó que las acciones ilegales deben tener consecuencias, afirmando: "Las Fuerzas Armadas dijeron que no seguirían órdenes ilegales de su comandante en jefe".

En sus comentarios, Hegseth criticó al entonces presidente Barack Obama, argumentando que sus decisiones habían debilitado la moral y la preparación de las Fuerzas Armadas. Kingsley Wilson, portavoz del Pentágono, defendió la legalidad de las órdenes bajo el mandato de Trump, describiendo el video de los demócratas como una operación de influencia políticamente motivada.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, también respaldó a Hegseth, acusando a los demócratas de poner en peligro a las Fuerzas Armadas. El video de los legisladores, que incluye a veteranos y exfuncionarios de Seguridad Nacional, advertía sobre las amenazas a la Constitución y recordaba a los militares su deber de rechazar órdenes ilegales.

A pesar de que no se identificaron órdenes específicas, el mensaje se publicó en un contexto de creciente debate sobre la legalidad de los ataques militares. Hegseth argumentó que el mensaje de los legisladores crea ambigüedad y socava la confianza en la cadena de mando. La controversia se intensificó con informes de un segundo ataque, lo que llevó a legisladores a presionar al Gobierno para que justifique legalmente estas acciones.

La Casa Blanca ha defendido que las acciones del Gobierno cumplen con la Ley de Conflicto Armado, aunque expertos legales advierten que los presuntos narcotraficantes son considerados civiles, lo que podría implicar ejecuciones extrajudiciales. El representante Mike Turner expresó su preocupación, afirmando que cualquier acción fuera de lo discutido con el Congreso sería grave e ilegal. La situación continúa generando un intenso debate sobre la legalidad y la ética de las operaciones militares de EE.UU. en el Caribe.