No solo cobraron del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid por impartir un curso la misma semana en que se habían retirado a deliberar la sentencia del juicio al fiscal general, donde el colegio profesional que pagó esas conferencias ejercía de acusación popular y puso una de las dos querellas que dio origen a la causa. Los miembros del Tribunal Supremo que impartieron las charlas se permitieron varias confesiones sobre el juicio ante los alumnos, más de medio centenar de abogados del turno de oficio. Dos de los magistrados hicieron comentarios que permitían deducir el cambio de ponente de la sentencia (lo que suponía certificar la condena) y hablaron abiertamente ante el auditorio de los plazos de sus deliberaciones.

El primero en hacerlo fue el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, quien despidió su charla el pasado 18 de noviembre, en pleno periodo de deliberación del Supremo, con un anuncio a sus alumnos: “Concluyo, tengo que ir a poner la sentencia del fiscal general” . Esas palabras podían interpretarse como el avance de la condena al fiscal general, puesto que la magistrada inicialmente elegida para redactar la ponencia era Susana Polo, adscrita al bloque progresista y que, según trascendió al acabar el juicio, no veía pruebas para considerar culpable al fiscal general. Cambiar a la ponente designada implicaba que no había acuerdo para declarar inocente a Álvaro García Ortiz. La confesión del presidente de la Sala Segunda, Martínez Arrieta, en el curso del ICAM ha motivado la presentación de una querella por parte de los Comuns : el partido catalán acusa al magistrado de revelación de secretos por avanzar la condena al fiscal general.

Al día siguiente, el miércoles 19, fue su compañero de tribunal, Juan Ramón Berdugo, también contratado por el Colegio de Abogados de Madrid, una de las acusaciones en este caso, el que se explayó ante el mismo auditorio: “Mañana [por el jueves 20, el día en que el Supremo hizo público el fallo] tenemos deliberación, hemos dejado el fin de semana de reflexión”. Así figura en una grabación de esa conferencia, que ha adelantado este jueves TVE en el programa La Hora de la 1.

Al término de la charla, entre risas del público asistente, todos abogados pertenecientes al turno de oficio, el magistrado Berdugo agradeció la atención de su audiencia y cerró su intervención: “Fue un placer, además pueden decir que les he dado la conferencia entre deliberación y deliberación. Mañana seguimos”.

Al escuchar eso varios de los asistentes preguntaron al miembro del tribunal por el sentido de la sentencia, preguntas que el magistrado fue despejando, entre risas, hasta salir de la sala.

Durante la conferencia, Berdugo citó algunos pormenores del caso contra Álvaro García Ortiz, a la hora de exponer algunas de las cuestiones previas que presentó la Abogacía del Estado que ejercía la defensa del fiscal general.

La asistencia de los tres magistrados del Supremo a un curso pagado por una de las principales acusaciones contra el fiscal general en la misma semana en que debían dictar sentencia sobre el juicio ha causado perplejidad entre algunos juristas, que consideran comprometida la imagen de imparcialidad del tribunal. El curso en el que participaron tres de los siete magistrados de la Sala Segunda del Supremo, los tres partidarios de condenar el fiscal general, es obligatorio para los abogados del turno de oficio y ha sido organizado durante años por Antonio del Moral, un penalista de orientación conservadora y ligado al Opus Dei. Pero en ninguno de esos años, Del Moral integró un tribunal donde se juzgará un caso donde una de las partes era el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Las tarifas que pagó el ICAM fueron de 90 euros por hora. El presidente de la Sala Segunda, Martínez Arrieta, percibió 180 euros, su compañero de tribunal Juan Ramón Berdugo, 360 por impartir cuatro horas, y el organizador, Antonio del Moral, también magistrado del Supremo, 630 euros, que incluyen el complemento como director de las charlas.

En la semana larga que ha transcurrido sin que el Tribunal Supremo haya dado a conocer todavía los argumentos de la condena a Álvaro García Ortiz, quien ya ha comunicado su dimisión al Gobierno, elDiario.es también reveló que otro magistrado del Supremo, Antonio Del Moral, precisamente el director del curso del ICAM desde hace años, fue además el mentor de quien ejerce la acusación en nombre de la pareja de Ayuso, el abogado Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria . Fue el padre de Gabriel, Luis Rodríguez-Ramos, catedrático de Derecho Penal y prestigioso jurista, quien intercedió ante el magistrado para que dirigiese la tesis doctoral de su hijo, empleado en su bufete.

El letrado Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria defendió su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid el 15 de octubre de 2024 sobre la “Identidad fundamental de la actuación empresarial punible”. Ese mismo día en que Rodríguez-Ramos hijo expuso el tratado jurídico en el que llevaba años trabajando bajo la “sabia guía” de Del Moral (según él mismo escribe en los agradecimientos de la tesis), su mentor y magistrado del Supremo acordó junto al resto de la Sala de lo Penal, abrir la causa contra el fiscal general por revelación de secretos que se había iniciado con una denuncia suya. El caso había nacido precisamente con la querella que había presentado por revelación de secretos Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria, en nombre de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid y que había buscado un acuerdo con la fiscalía para reconocer dos delitos de fraude fiscal, reducir la condena y evitar su entrada en la cárcel.