Vamos tarde. Bruselas ha impuesto a través de la directiva 2024/3019 la obligación de depurar las aguas urbanas de todos los núcleos de más de mil habitantes. Pero Canarias ya comienza esta carrera con retraso, porque el territorio no ha cumplido los plazos marcados por las normativas europeas anteriores y se enfrenta ahora con este nuevo reto que afectará sobre todo a los municipios con menos habitantes. Las corporaciones locales más pequeñas no tienen el músculo económico ni técnico suficiente para poder poner en marcha sistemas de depuración convencionales propios, pero tampoco para mantenerlos. Se abre, por tanto, un escenario en el que será necesario ofrecer soluciones ad hoc para cada región, pasando por las depuradoras comarcales o instalaciones basadas en depuradoras humedale

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