A tres días del cierre de las urnas, Honduras continúa sin un ganador oficial de sus elecciones generales. Tras la reanudación del escrutinio, y con un poco más del 79 % de las actas procesadas, el Consejo Nacional Electoral anunció un “empate técnico” entre los dos principales candidatos presidenciales: Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 40,33 %, y Nasry Asfura, del Partido Nacional, con el 39,59 %. Por detrás se encuentra Rixi Moncada, la ex ministra de Defensa y candidata de Libre, el partido oficialista, con un 19 %.

En un escenario tan estrecho, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha podido proclamar a un ganador y la declaración oficial podría tardar hasta 30 días, tal como lo permite la normativa electoral hondureña. Esta combinación de conteo lento y a veces suspendido, margen mínimo y ausencia de resultados definitivos ha alimentado un clima de tensión social y política.

Para muchos, la lenta transmisión de resultados ha rememorado los episodios de 2017, cuando el retraso en el escrutinio generó protestas, muertes y una grave crisis de legitimidad.

Riesgos de disputa narrativa y contestación del resultado

Los riesgos de disputa aumentan como consecuencia del estrecho margen, de la falta de definición oficial ante la votación y de un oficialismo que no reconoce su derrota. Sobrevuelan este escenario factores desestabilizantes: denuncias de irregularidades, cuestionamientos sobre la transparencia del recuento de votos, comunicados acerca de posibles hackeos al sistema del CNE, presión de simpatizantes y peticiones de recuento e impugnaciones. En un país con instituciones debilitadas, cualquier percepción de opacidad puede convertirse rápidamente en un detonante de conflictividad.

Un proceso electoral en tela de juicio

Honduras llegó a las elecciones del 30 de noviembre de 2025 en un ambiente marcado por una fuerte polarización y profundas tensiones institucionales. El Consejo Nacional Electoral había enfrentado meses de divisiones internas, retrasos logísticos y cuestionamientos sobre su capacidad operativa.

Estos factores afectaban directamente la credibilidad del proceso. Las primarias de marzo, que registraron fallas significativas en la entrega de material electoral, la transmisión de resultados y en la gestión de actas, seguían pesando en la memoria de la ciudadanía y la comunidad internacional. Por ello, cualquier error en los comicios del 30 de noviembre remitiría inevitablemente al antecedente electoral inmediato.

A este escenario se sumaban presiones políticas provenientes de distintos actores, incluida la presidenta del país, Xiomara Castro, y el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha llegado a lanzar amenazas veladas desde Truth.

La preocupación era mayor debido al papel de las Fuerzas Armadas, en un contexto de estado de excepción prolongado en gran parte del territorio, que había limitado libertades civiles.

La confianza en la integridad del voto resultaba tan decisiva como el propio resultado. Sin la certeza de transparencia, las posibilidades de impugnaciones, descontento social o una crisis poselectoral seguían siendo altas.

Polarización y denuncias de fraude

La elección de noviembre de 2025 se celebró en un clima político profundamente polarizado. Los principales bloques partidarios (Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal) llegaron con una narrativa de desconfianza mutua y acusaciones cruzadas de posible fraude.

Diversos sectores políticos habían advertido, incluso antes de la apertura de las urnas, sobre eventuales irregularidades en la transmisión de datos, el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la transparencia del escrutinio.

La competencia cerrada entre candidatos alimentó esa percepción de riesgo. Este ambiente previo, no solo estuvo atravesado por la disputa partidista, sino por una batalla narrativa en la que cada actor buscó imponer su propia interpretación del proceso.

La pugna discursiva terminó condicionando la legitimidad de cualquier dato oficial, incluso antes de que fuera divulgado. El terreno estaba preparado para que la contienda electoral se decidiera no solo en las urnas, sino también en la arena simbólica. Allí donde se define qué versión de los hechos resulta creíble a la ciudadanía.

Hartazgo y demandas ciudadanas

La jornada se desarrolló tras años de deterioro social acumulado, con niveles persistentes de violencia, migración masiva, precariedad económica e institucionales debilitadas. Para muchos hondureños, la elección representaba no solo un cambio de autoridades locales y nacionales, sino una oportunidad para redefinir los términos de la gobernabilidad democrática.

La ciudadanía reclamaba, ante todo, seguridad, oportunidades laborales reales, una justicia efectiva y un Estado menos permeable a la corrupción. Este cansancio generalizado configuró un electorado más exigente y menos dispuesto a tolerar fallas técnicas o decisiones opacas por parte de sus autoridades.

El estigma de las elecciones previas

Los comicios de 2017 , marcados por denuncias de fraude, recuentos demorados y una fuerte crisis de legitimadad, permanecían como un antecedente clave en la memoria colectiva. La victoria de Xiomara Castro en 2021 obtuvo un reconocimiento amplio y dio pie a una transición más estable, aunque persistieron las fuertes tensiones entre instituciones y partidos.

Esa historia reciente elevó drásticamente las exigencias sobre el CNE, creado en 2019 para garantizar mayor independencia técnica del órgano electoral. Pese a ello, este orrganismo sigue recibiendo críticas y denuncias, no siempre fundamentadas.

Tecnología electoral, desigualdades y capacidades limitadas

Los comicios de 2025 introdujeron un sistema de verificación biométrica y transmisión electrónica de resultados. Este representó un avance para fortalecer la integridad del proceso. Sin embargo, los problemas de conectividad y la infraestructura precaria en zonas rurales han supuesto un reto estructural.

Algunas fallas, como caída de red, colapso del sistema, demoras y errores en la lectura de la huella o el rostro, pueden ser interpretadas como indicios de manipulación o interferencia. Reportes de observación nacional e internacional advirtieron sobre estás desigualdades y problemáticas tecnológicas, que no son incidentales sino estructurales y que convirtieron la implementación de herramientas biométricas en un desafío técnico y político a la vez.

Observación ciudadana y seguimiento mediático como contrapeso

Pese a las dificultades institucionales del proceso, la elección contó con la presencia de 6.300 observadores electorales. Según el CNE, 43 organizaciones nacionales y 25 internacionales, hasta completar un total de 68, participaron en la observación electoral. Este hecho ha aportado vigilancia directa sobre el terreno.

La labor de estas misiones y plataformas de observación se volvió especialmente relevante en momentos en los que se reportaron incidentes graves. Entre ellos, la expulsión de observadores internacionales dentro de un centro de votación por parte de colectivos afines al partido oficialista o los fallos en el seguimiento del proceso por parte de jurados e integrantes de mesas electorales.

La intensa cobertura mediática ha permitido exponer irregularidades, contrastar discurso de actores políticos y mantener la presión pública para exigir transparencia. Aunque este seguimiento constante no elimina riesgos inherentes a un proceso tan ajustado, sí ha contribuido a contener abusos, visibilizar irregularidades y brindar un contrapeso frente a la incertidumbre institucional.

Papel clave de la fase postelectoral

Lo que suceda en los próximos días será determinante para la estabilidad política de Honduras. La definición clara de un ganador, la aceptación de los resultados por parte de los diferentes actores políticos y la divulgación íntegra y verificable de las actas constituirán pruebas cruciales para evaluar la solidez de su sistema electoral.

En procesos recientes en la región, organismos como la OEA y la UE han enfatizado que la fase poselectoral resulta igual de relevante y delicada que la jornada de votación. En ella suelen concentrarse los mayores riesgos de conflictividad y erosión institucional.

Como observadora internacional acreditada e invitada por el Consejo Nacional Electoral para estas elecciones generales, pude constatar directamente que la complejidad del contexto hondureño no reside únicamente en las fallas técnicas o en los retrasos del escrutinio, sino en la fuerte desconfianza que antecede, rodea y condiciona cada decisión del sistema electoral y el gobierno.

La combinación de denuncias reiteradas de fraude, vulnerabilidades tecnológicas, narrativas contrapuestas y declaraciones sobre el no reconocimiento de resultados, configura un escenario en el que cualquier error, por menor que sea, se convierte en un detonante político.

Un punto de inflexión para la democracia

Persisten en Honduras posiciones irreconciliables entre los partidos, mensajes contradictorios de sus dirigencias y presión de bases movilizadas. Este escenario podría desembocar en una nueva crisis institucional si no se gestiona con responsabilidad. En un país donde las Fuerzas Armadas han tenido un rol históricamente determinante en momentos de inestabilidad, su comportamiento frente al desenlace electoral también será un elemento clave para preservar el orden democrático.

La pregunta central hoy no es solamente quién será finalmente declarado presidente, sino si Honduras logrará transformar este momento crítico en un punto de inflexión. La verdadera prueba para la democracia hondureña radica en la capacidad de sus instituciones para ofrecer certezas. También reside en la responsabilidad pública con la que actúen los partidos políticos y sus liderazgos, y en la madurez ciudadana para sostener la exigencia de transparencia sin caer en una polarización más destructiva.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

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Mariana Ramos Algarra no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.