La presión del Reino Unido por controlar el acceso de menores a internet se ha intensificado desde la entrada en vigor de la O nline Safety Act, una normativa aprobada en 2023 que exige a plataformas digitales, sitios web y redes sociales implementar mecanismos estrictos para impedir que niños y adolescentes se expongan a contenidos sensibles.

Entre esos contenidos, el material pornográfico es una de las principales preocupaciones del regulador, que tiene la facultad de imponer sanciones económicas severas y, en casos extremos, ordenar el bloqueo total de un portal dentro del territorio británico.

Desde el 25 de julio, las compañías deben contar con herramientas sólidas y verificables para determinar que sus visitantes son mayores de edad.

Esta exigencia abarca desde sistemas aut

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