Una reunión crucial entre el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha puesto en el centro de la atención pública el contrato más costoso en la historia del país para la adquisición de aviones de combate. Este millonario negocio, que supera los 17 billones de pesos, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos.

Durante el encuentro, el contralor Rodríguez solicitó información detallada sobre el estudio operacional que justificó la elección de los aviones Gripen. También pidió copias de los ítems que componen el valor total del contrato, así como de los estudios previos que llevaron a esta decisión. En particular, se indagó sobre si se realizó una comparación con ofertas de otros países.

Rodríguez enfatizó la importancia de conocer los análisis que definieron el precio de los Gripen, considerando aspectos como potencia, alcance y su validación en combate. A pesar de las dudas, el contralor reconoció la necesidad de la compra y aseguró que se mantendrá la confidencialidad de la información, dado que se trata de un asunto de seguridad nacional.

"Si hay las condiciones para realizar algún tipo de función de advertencia, la Contraloría lo va a hacer", afirmó Rodríguez, quien explicó que esta función permite ejercer control preventivo y no afecta la capacidad de la entidad para realizar un control posterior.

Las preguntas sobre la compra son numerosas. ¿Cuántas propuestas finales se recibieron? ¿Qué valores se manejaron? ¿Se consideraron ofertas de proveedores de gobiernos anteriores? Además, se cuestiona el costo de operación por hora de los Gripen en comparación con otras opciones.

Al finalizar la reunión, el ministro Sánchez defendió la compra, argumentando que es una necesidad de seguridad nacional. "Los compromisos financieros ya los explicará muy bien el Ministerio de Hacienda. Nosotros simplemente hicimos el planteamiento de la necesidad", declaró. Sánchez destacó que la decisión de adquirir los aviones no podía postergarse más, ya que estaba en riesgo el cumplimiento de la misión constitucional de proteger la soberanía y la integridad territorial del país.

La controversia en torno a este contrato sigue creciendo, y el Ministerio de Defensa deberá responder a las inquietudes planteadas por el contralor y la opinión pública.