El Gobierno de Chile ha presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso los documentos necesarios para garantizar el desalojo de la megatoma en el Cerro Centinela de San Antonio. Esta acción se realiza en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema. El Ministerio del Interior ha detallado que se están habilitando albergues transitorios y coordinando esfuerzos interinstitucionales para proteger a las familias afectadas por el desalojo. En total, se expropiarán 100 hectáreas para un nuevo proyecto habitacional destinado a los pobladores de la zona. El desalojo incluirá la disposición de albergues temporales por parte de la Municipalidad de San Antonio, que ha informado sobre la creación de un albergue en el Colegio España de Llolleo, con capacidad para 116 personas. Este proceso se llevará a cabo de manera gradual. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que se coordinará con Carabineros y la fuerza pública para garantizar que el desalojo se realice de forma segura. María Lorena Rossel, abogada y académica de la Universidad de Las Américas, enfatizó que el Estado tiene la obligación de respetar las decisiones judiciales. Por su parte, la Inmobiliaria San Antonio S.A. ha denunciado un "trato injusto y arbitrario" por parte del Gobierno, mientras se espera la implementación del plan para desocupar el 50% de los terrenos en cuestión.