Un clima de tensión se ha apoderado del Congreso tras la decisión del Gobierno de otorgar "discusión inmediata" al proyecto de Ley de Eutanasia. Esta medida, anunciada a solo diez días de la segunda vuelta presidencial, obliga al Senado a despachar la iniciativa en un plazo máximo de seis días. Esta situación ha generado un rechazo unánime por parte de la oposición, que acusa al Ejecutivo de maniobrar políticamente el debate legislativo. La decisión del Gobierno reactiva una tramitación que ha estado estancada en la Cámara Alta durante más de cuatro años. Sin embargo, el momento elegido ha levantado sospechas entre los detractores del Gobierno, quienes ven en esta urgencia un intento de polarizar la agenda pública antes de los comicios entre José Antonio Kast y Jeannette Jara. El senador de la UDI, Sergio Gahona, cuestionó las prioridades del Gobierno, afirmando que centrar la atención en la eutanasia implica postergar reformas sanitarias críticas que la ciudadanía espera con mayor urgencia, como las mejoras a Fonasa o la ley de Salud Mental. En la misma línea, el diputado republicano Luis Sánchez criticó al Presidente Gabriel Boric por desviar la atención hacia temas valóricos en medio de una crisis de seguridad, señalando que las prioridades actuales son la delincuencia y el descontrol fronterizo. Existen dudas sobre la viabilidad técnica de votar el proyecto en tan poco tiempo. El senador DC Iván Flores advirtió que es probable que la discusión se extienda hasta después de las elecciones, debido a las profundas diferencias ideológicas y morales que suscita el tema. Por su parte, el Gobierno ha desestimado las acusaciones de electoralismo. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recordó que la eutanasia fue declarada como prioridad para el año 2025 y argumentó que la mayoría de los países desarrollados ya cuentan con legislaciones que permiten una muerte digna bajo requisitos estrictos. El debate también ha servido para contrastar las visiones de los candidatos presidenciales. Jeannette Jara aseguró que promulgaría la ley si es aprobada, mientras que José Antonio Kast adelantó que utilizaría su facultad de veto presidencial, marcando una clara diferencia de pensamiento a solo días de la elección definitiva.