En 2025, el gobierno mexicano llevó a cabo una operación de alta seguridad para trasladar a 55 líderes del narcotráfico a prisiones en Estados Unidos. Este movimiento, realizado en dos fases entre febrero y agosto, requirió una reconfiguración significativa del control en diversas cárceles del país. Las autoridades implementaron un plan meticuloso que incluyó el control de más de una docena de centros penitenciarios. Se sustituyeron directores, se rotaron custodios y se bloquearon posibles filtraciones de información. Además, se establecieron sistemas avanzados de monitoreo y se aislaron a los reos más peligrosos. Una de las medidas más relevantes fue el cambio masivo de custodios y directivos en las prisiones. Esta decisión se tomó para prevenir sobornos y fugas, así como para cortar toda comunicación entre los líderes criminales y sus organizaciones. El reemplazo de la empresa encargada de los alimentos fue otro aspecto crítico. Según fuentes consultadas, existía el temor de que los grupos criminales intentaran envenenar a los internos para evitar su traslado a EE.UU. Esto llevó a la sustitución de proveedores y a la modificación de rutinas dentro de los penales. Las cámaras de vigilancia también fueron renovadas para eliminar vulnerabilidades tecnológicas, recordando la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015. Los reclusos con capacidad de comunicación con sus redes fueron aislados y sometidos a un monitoreo constante. Uno de los casos más vigilados fue el de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios. Las autoridades intervinieron sus comunicaciones y supervisaron sus movimientos bancarios y familiares para prevenir intentos de fuga o sabotaje. Su traslado se realizó el 12 de agosto junto a otros altos mandos criminales, como Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”. La operación se coordinó desde un “búnker” en Ciudad de México, donde se monitorearon rutas y movimientos en tiempo real. La logística incluyó la llegada de aeronaves militares semanas antes de los traslados y la creación de alojamientos temporales en caso de retrasos. El día del operativo, los reclusos fueron transportados en vehículos blindados, escoltados por fuerzas especiales, hacia pistas de despegue. Muchos de ellos creían que serían liberados, pero al llegar al aeródromo fueron llevados a aviones militares con destino a prisiones de alta seguridad en EE.UU. Este traslado representa un golpe significativo contra los grupos delictivos en México. Además, se ha informado que Washington y Ciudad de México están en negociaciones para una tercera entrega de narcotraficantes de alto perfil, lo que sugiere que este modelo de cooperación en materia de seguridad podría convertirse en un mecanismo permanente.