El reciente caso de Samuel, un joven cordobés muerto tras una intervención policial, volvió a exponer un patrón que ya no puede ser considerado excepcional.

Su nombre se suma a una lista dolorosa en la provincia: Blas, Jonatan, Facundo, Fernando, Pablo, Nahuel, entre muchos otros. Cambian las historias, pero no el fenómeno: violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad.

En cada episodio, la reacción institucional parece seguir un libreto conocido: rotular el caso y anunciar una capacitación.

Esta respuesta refleja no sólo una falta de sensibilidad ante la magnitud social del problema, sino también la incapacidad de sostener políticas públicas de seguridad que comprendan la complejidad del fenómeno criminal y de la relación entre Estado, ciudadanía y fuerzas del orden.

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