WASHINGTON — El ejército de Estados Unidos disparó contra dos personas que se aferraban a los restos de un bote presuntamente involucrado en el tráfico de drogas. Esta información fue presentada esta semana a legisladores estadounidenses que buscan aclarar los fundamentos legales de la campaña militar del presidente Donald Trump en aguas internacionales cerca de Venezuela.

Los ataques, ocurridos el 2 de septiembre, marcaron la primera incursión del ejército estadounidense en la destrucción de embarcaciones asociadas con el contrabando de drogas. Hasta la fecha, esta campaña ha destruido más de 20 lanchas y ha resultado en la muerte de más de 80 personas, lo que ha suscitado un intenso escrutinio.

Durante una sesión informativa, el almirante Frank Bradley, quien ordenó los ataques, explicó que el segundo ataque se llevó a cabo porque se creía que aún había paquetes de cocaína en el casco del bote. Sin embargo, los legisladores demócratas argumentan que el objetivo de la misión era claro: destruir las drogas y eliminar a las 11 personas a bordo.

Bradley afirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no emitió una orden de "matar a todos" los sobrevivientes. No obstante, el representante Adam Smith, demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados, expresó que el asesinato de los sobrevivientes era "profundamente preocupante". Por otro lado, el senador republicano Tom Cotton defendió la acción, sugiriendo que los sobrevivientes estaban tratando de "seguir en la lucha" y, por lo tanto, eran objetivos justificables.

La razón para el segundo ataque, según Bradley, era evitar que la cocaína fuera recuperada por narcotraficantes. Este argumento se basa en una opinión legal que el Departamento de Defensa utiliza como fundamento para su operación militar contra los cárteles de drogas. Esta opinión considera a las drogas y a los traficantes como amenazas terroristas, lo que permite su ataque bajo las mismas reglas que se aplican en la guerra global contra el terrorismo.

Este enfoque representa un cambio significativo respecto a la práctica tradicional, que considera el tráfico de drogas como un crimen que debe ser manejado por fuerzas policiales, no por las fuerzas armadas. Michael Schmitt, exabogado de la Fuerza Aérea, subrayó que "las personas en el bote, según la ley de conflicto armado, no son combatientes".

Los demócratas han calificado de problemáticas las conclusiones del argumento legal del gobierno de Trump. Smith comentó que esta "definición increíblemente amplia" podría generar serios problemas sobre el uso de la fuerza letal. Como resultado, los legisladores han solicitado la divulgación pública de la opinión legal que respalda la campaña militar.

El senador Jack Reed, principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados, expresó que la sesión informativa confirmó sus peores temores sobre las actividades militares de la administración Trump.

Los legisladores están investigando bajo qué órdenes se llevó a cabo la operación. Aunque Bradley indicó que no había leído toda la opinión legal, se ha revelado que los abogados militares no tuvieron acceso a ella hasta noviembre, mucho después del ataque.

Los legisladores han solicitado la orden de ejecución escrita para la operación, que incluiría las reglas de enfrentamiento esperadas para los soldados. También buscan entender qué instrucciones verbales comunicó Hegseth a los oficiales militares. Además, se espera que escuchen al almirante Alvin Holsey, quien se retirará como comandante de las fuerzas estadounidenses en Centro y Sudamérica, y que había estado al mando de la campaña en general.