Al filo de cumplirse el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para ejecutar el desalojo de la llamada “toma de San Antonio” –donde unas 10 mil personas se encuentran ocupando ilegalmente terrenos ubicados en el Cerro Centinela-, sorpresivamente el gobierno anunció la expropiación de parte del paño ocupado. Para esos efectos rápidamente dictó el decreto respectivo -el fisco se hará de 110 hectáreas, de un total de 215- y presentó un plan habitacional ante la Corte. El ministro de la Vivienda justificó este paso atendido el impacto social que tendría dejar súbitamente sin hogar a miles de personas -entre ellas 3 mil niños- y al hecho de que no fue posible alcanzar un acuerdo con los propietarios del predio para que las familias adquirieran dichos terrenos, atribuyéndolo

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