Han transcurrido seis meses desde el ataque armado que terminó con la vida del entonces senador Miguel Uribe Turbay y que fue catalogado de inmediato por las autoridades como un magnicidio de alto impacto político. A medio año del crimen, el país continúa observando con atención los avances judiciales, las responsabilidades ya establecidas y, sobre todo, los vacíos que aún persisten respecto a quién ordenó el atentado y sus motivos.

El caso no solo generó una fuerte reacción institucional por su gravedad, sino que abrió interrogantes sobre la presencia y capacidad de las organizaciones criminales para incidir en la vida política de la nación. Aunque la Fiscalía y la Policía han reportado progresos concretos, la investigación sigue lejos de concluir y mantiene activa la expectativa de los

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