En un contundente balance divulgado esta semana por INPEC, se informó que durante 2025 las autoridades han decomisado más de 33.000 teléfonos celulares en cárceles de todo el país, un dato que evidencia la magnitud de las redes de corrupción y criminalidad que operan desde el interior de los penales.
Durante su reciente visita a Medellín, el director del INPEC reveló además que alrededor de 600 funcionarios de la entidad han sido sancionados por su implicación en estos hechos, y se investigan otros 2.800 empleados como parte de las pesquisas —una señal clara de que el problema no es solo de internos, sino que alcanza también las filas del sistema penitenciario.
Las decomisaciones recientes no solo incluyen teléfonos: en operativos anteriores, como el efectuado en octubre en 123 cárceles,

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