La nueva sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén, convocada para definir las solicitudes de Espacios Costero Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), no es una instancia administrativa más. Es, por mandato de la Corte Suprema, una oportunidad crucial para restaurar la fe en el debido proceso y garantizar el estricto apego a la legalidad.

Tras el rechazo original de las solicitudes de las comunidades indígenas que involucran el derecho de usufructo sobre unas 621.000 hectáreas de costa, el máximo tribunal del país fue claro: la actuación anterior de la CRUBC fue "ilegal y arbitrariamente" ejecutada, al carecer de argumentos con la "suficiencia y entidad como para justificar un rechazo fundado".

La sentencia de la Corte Suprema ordenó un nuevo proceso con

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