La reciente culminación de las elecciones primarias ha abierto un nuevo capítulo en el panorama político nacional. Diversos informes y denuncias sugieren que un número significativo de candidatos estaría recibiendo financiamiento proveniente de actividades ilícitas, entre ellas la minería ilegal. Este fenómeno, que se ha extendido en varias regiones del país, plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral y sobre la verdadera independencia de quienes aspiran a ocupar cargos de representación popular.

La minería ilegal, además de generar graves impactos ambientales y sociales, ha consolidado redes económicas capaces de influir en la política local y nacional. El financiamiento de campañas por parte de estos grupos no solo busca asegurar protección frente a operativos de

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