El 16 de diciembre del año 2000, en las regiones de Coquimbo y La Araucanía, se inició lo que abogados y expertos en Derecho chilenos llaman la última “política pública de Estado que se consolidó en el país”: la Reforma Procesal Penal, que dejó atrás el modelo inquisitivo de persecución de delitos, cambiándolo por uno adversarial, público y más transparente.

Un cambio de paradigma que en 2005, con su puesta en marcha final en la Región Metropolitana, se consolidó como una reforma indispensable, ya que el sistema antiguo tenía prácticas que no sólo eran insostenibles a ojos del derecho internacional; también nos dejaban como el país más atrasado en materia de justicia penal a nivel continental.

En el sistema inquisitivo que rigió en Chile hasta antes de la reforma, el juez era el gran pro

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