Si algo han demostrado los ataques contra lanchas que supuestamente llevan drogas en el Caribe —al tiempo que liberan a un narco convicto como el expresidente de Honduras (Juan Orlando Hernández)– es que los derechos humanos no son prioridad para el Gobierno de Estados Unidos. Eso conlleva un mensaje muy fuerte para la región: en la lucha contra el crimen todo vale.

Lenta y sutilmente, ese mensaje ha ido impregnando el ambiente político de América Latina. En una reciente entrevista, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el surinamés Albert Ramdin, le dijo al diario español El País que mientras las organizaciones delictivas internacionales “no obedecen la ley ni se rigen por ningún tipo de convención social”, a los estados sí se les exige respetar las normas al pi

See Full Page